Así lo ha dicho el Tribunal Supremo en una sentencia dictada este mes de abril. La Inspección de Trabajo no puede entrar por sorpresa en la sede de una empresa si esta coincide con su domicilio social, algo que suele ser muy habitual entre las PYMES.
Los magistrados consideran imprescindible que un inspector solicite previa autorización judicial para poder entrar en un centro de trabajo si este coincide con la sede social de la compañía, ya que entienden que así se está protegiendo su seguridad, la inviolabilidad del domicilio, que también ampara a las personas jurídicas. Por tanto, aún sin registro ni intervención de archivos físico o informáticos, se requiere que, en un espacio que es simultáneamente domicilio social de una persona jurídica y centro de trabajo de la empresa, se haya obtenido previamente autorización judicial.
La sola circunstancia de que, tras haber entrado en el domicilio de una sociedad, la autoridad y sus agentes no hayan examinado documentos ni archivos no constituye, por sí sola, una razón válida para afirmar que no rige la exigencia constitucional de solicitar y obtener una autorización judicial. En este sentido, el Tribunal Supremo aplica el criterio de la inviolabilidad del domicilio de la persona física, pero con una persona jurídica y su sede social. Esta circunstancia complica la práctica inspectora y condena a los agentes a pedir una orden, es decir, preavisar, que visitarán una empresa y dar así margen a ésta para prepararse.
La única excepción podría venir dada cuando entre la zona de oficinas del domicilio social y la zona de centro de trabajo exista una separación física apreciable y, además, la autoridad o sus agentes informen de que su propósito es únicamente acceder a la primera, para el cumplimiento de sus funciones legalmente previstas.
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