Tras establecer el Tribunal Supremo este pasado mes de abril que la Inspección de Trabajo no puede entrar en el domicilio social de una empresa sin autorización judicial, la Dirección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha aprobado una nueva instrucción interna que regula cómo acceder al mismo, especialmente cuando dicho domicilio coincide físicamente con el centro de trabajo.
Según dicha regulación llevada a cabo, que interpreta de forma amplia el margen permitido por el Tribunal Supremo con el objetivo de no limitar en exceso su capacidad inspectora, los inspectores sí podrán acceder sin orden judicial cuando:
- Exista una separación física clara y diferenciada entre la zona de dirección (oficinas o domicilio social) y la zona donde se desarrolla la actividad laboral (zona operativa o centro de trabajo).
- Los inspectores informen previamente de que su intervención se limitará exclusivamente a la parte del centro de trabajo.
La instrucción define cómo debe actuar la Inspección de Trabajo según el tipo de establecimiento:
- Establecimientos abiertos al público (comercios, tiendas, hostelería, etc.): Los inspectores pueden acceder libremente al local. Solo quedan protegidas las zonas reservadas a la dirección o gestión empresarial (por ejemplo, despachos).
- Establecimientos cerrados al público (oficinas privadas, naves, fábricas, almacenes): Se permite el acceso a casi todas las áreas, con independencia de cómo esté distribuido el espacio. La única limitación afecta a las dependencias donde se ejerce de forma estricta el poder de dirección de la empresa.
Para cumplir formalmente con las nuevas directrices judiciales, la instrucción obliga a los funcionarios de la Inspección de Trabajo a informar expresamente al dueño o representante de la compañía de que su propósito es revisar solo la parte del inmueble destinada a la actividad laboral.
Si el empresario intenta frenar la visita alegando que el local es su domicilio social, el inspector no dará marcha atrás. La instrucción le ordena exigir al empresario que delimite en ese momento el espacio físico exacto en el que se ejerce la actividad de dirección. Una vez apartadas esas zonas protegidas, la inspección seguirá en todo el resto de las dependencias.
A su vez, impedir el paso a las zonas comunes o de trabajo tendrá consecuencias inmediatas para el empresario:
- Se considerará un acto de obstrucción a la autoridad.
- Esto permitirá al inspector levantar un acta de infracción.
- La empresa puede enfrentarse a importantes sanciones económicas.
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